La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Presidencia de El Salvador transparentar el funcionamiento del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) e incluir sus gastos de funcionamiento en el presupuesto general de la nación.

Además, exigió que como parte de las medidas de transparencia formalice las relaciones laborales de los empleados mediante la formalización de contratos en los que quede establecidos detalles como el salario devengado por ellos.

En la sentencia "se ordenó al Presidente de la República que en virtud de los principios democrático y de transparencia, que le obligan a documentar sus contrataciones laborales y de toda índole para ser fiscalizadas por las instituciones correspondientes y por la propia ciudadanía, incluya una partida en el Presupuesto General de la Nación a efecto de transparentar los recursos económicos destinados a los gastos de operación del OIE", reza el documento.

La sentencia, firmada la semana anterior pero hecha pública este martes, se da como parte de una demanda en la que 32 exempleados fueron despedidos en 2014. En aquel momento la Presidencia se amparó en la falta de contratos de estas personas para despedirlos de manera verbal y sin derecho a ejercer su defensa; además, uno de ellos explicó que se le negó el derecho a una pensión por sobrevivencia, ya que al carecer de contrato, no pudo cotizar para tener un fondo de retiro.

"Se infiere que todos ellos eran servidores públicos permanentes que realizaban actividades pertenecientes al giro ordinario de la institución y que la causa de los despidos radicó básicamente en la falta de contrato escrito, aun cuando el OIE, como entidad pública, está obligado a documentar sus relaciones laborales", explica el comunicado divulgado este martes.

Según el escrito, el presidente Salvador Sánchez Cerén "como máximo funcionario responsable de una entidad pública que funciona con fondos públicos, debe garantizar que se documenten sus contrataciones, entre ellas la de personal, y el de dejar constancia del pago de remuneraciones, tal como se desprende del contenido del artículo 83.4 de las Disposiciones Generales de Presupuestos".